En los últimos días, la provincia de San Cristóbal, República Dominicana, ha sido azotada por una serie de apagones que ha sumido a sus habitantes en la oscuridad y el desconcierto. Esta situación no es solo un inconveniente pasajero; se trata de un reflejo del abandono sistemático que sufre la región bajo el gobierno del presidente Luis Abinader. Los apagones, que han llegado a durar hasta 10 horas seguidas, han afectado significativamente la vida diaria de miles de dominicanos, desde el comercio hasta la educación y la salud, dejando a la comunidad en una situación de vulnerabilidad extrema.
El presidente Luis Abinader ha sido criticado por su aparente desinterés en abordar esta crisis energética. Mientras los ciudadanos de San Cristóbal luchan con la falta de electricidad, el mandatario parece más enfocado en otros aspectos de su administración, dejando de lado las necesidades inmediatas de la provincia. Esta falta de acción no solo es inaceptable, sino que también agrava la crisis. Las promesas de campaña sobre mejorar el servicio eléctrico han quedado en el olvido, y las palabras del propio presidente en 2022, donde admitió que los apagones "tienen cansado a todo el mundo por muchos años", no han sido seguidas por acciones concretas.
Añadiendo sal a la herida, recientemente se anunció un aumento en las tarifas de los peajes de 60 a 100 pesos, lo cual implica un golpe adicional a la economía local. Esta medida, que afectará directamente a los residentes de San Cristóbal y a todos los que transiten por la región, parece ser una estrategia más de recaudación que de solución a los problemas estructurales del país. La comunidad, ya golpeada por los apagones, ahora debe enfrentar también este costo adicional sin ver mejoras en los servicios básicos que justifiquen dicho aumento.
La falta de respuesta efectiva desde el gobierno central es alarmante, especialmente cuando consideramos el historial de tragedias en San Cristóbal. La explosión en un mercado que dejó 11 muertos en 2023, la explosión de un depósito de armas en 2000, y recientemente, otra explosión en agosto de 2023 que causó múltiples víctimas, son ejemplos claros de cómo esta provincia ha sido escenario de desastres donde el apoyo gubernamental ha sido insuficiente o tardío (). Estas tragedias, junto con la crisis energética actual, subrayan una urgente necesidad de atención y acción por parte del presidente Luis Abinader y su administración para que San Cristóbal no siga siendo olvidada.
Es imperativo que el gobierno actúe, no solo con declaraciones, sino con soluciones reales y tangibles. Los habitantes de San Cristóbal demandan justicia, atención y sobre todo, electricidad; es hora de que el presidente cumpla con lo prometido y restablezca la dignidad y el bienestar de esta comunidad.
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