El silencio de las autoridades de RD frente al crimen de los haitianos.
Amanecemos hoy con unos datos horripilantes publicados por el matutino Listín Diario, donde señala daos de la criminalidad ejercida por nacionales haitianos en la República Dominicana, el cual consttituye un problema que ha alcanzado niveles intolerables. Pero lo que resulta más preocupante que las cifras es el silencio de quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad ciudadana y defender los derechos de las víctimas dominicanas, porque eso fue lo que juraron al tomar sus cargos gubernamentales.
En un contexto donde la seguridad nacional está cada vez más amenazada, el mutismo de las autoridades es ensordecedor. El presidente Luis Abinader, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y otros representantes del Estado, reconocidos prohaitanos, han mantenido una postura ambigua frente al auge delictivo protagonizado por nacionales haitianos. La falta de respuestas concretas y contundentes deja un vacío de liderazgo que la ciudadanía percibe con frustración y desamparo.
En 2024, se registraron 212 homicidios entre nacionales haitianos en territorio dominicano, lo que representa el 16.4% de la tasa de homicidios del país. Este dato alarmante no solo resalta la dimensión del problema, sino también la incapacidad de las autoridades para implementar políticas de control migratorio y de seguridad que frenen la violencia. Los delincuentes haitianos, que ya constituyen el grupo extranjero más numeroso en la población penitenciaria, también encuentran facilidades para evadir la justicia debido a la carencia de documentos de identidad confiables. Este es un fallo sistémico que afecta tanto a la justicia como a la convivencia social.
Otro aspecto que debemos resaltar, es el silencio del Feminismo radical en el país, que crucifican a los hombres en muchos casos sin derecho a defenderse, pero en este caso, no han salido a defender el derecho de esas mujeres dominicanas asesinadas por nacionales haitianos.
Otro aspecto que no puede pasar desapercibido es el silencio de ciertos sectores que, en otras circunstancias, alzan la voz con vehemencia en favor de esos nacionales indocumentados. No se trata de buscar culpables por origen, sino de exigir justicia con la misma energía y determinación que se observa en otros casos. Este doble estándar debilita la credibilidad de estos movimientos y deja en el olvido a las víctimas que más necesitan de su apoyo.
La urgencia de una acción coordinada o las consecuencias a futuro.
Frente a este panorama, la acción coordinada entre las autoridades y la sociedad civil es impostergable. No es posible seguir ignorando un problema que afecta gravemente la seguridad de todos los dominicanos. Las políticas migratorias deben ser revisadas con urgencia, priorizando la documentación de extranjeros y estableciendo controles más estrictos en las fronteras, tal y como prometió el presidente Luis Abinader cuando erigía la desastrosa valla perimetral que nos separa de Haiti, en cuyas fronteras, habrian mecanismos modernos de huellas dactilares y los datos biométricos, asunto que, como todo en este gobierno ha quedado postergado o en el olvido.
Asimismo, las instituciones judiciales deben garantizar que los responsables de actos delictivos, sin importar su nacionalidad ni la falacia de la violacion de derechos humanos, enfrenten las consecuencias legales correspondientes. Esto incluye un esfuerzo adicional para superar los obstáculos que plantea la falta de identificación de muchos ciudadanos extranjeros.
Finalmente, es imprescindible que los movimientos sociales, incluidas las organizaciones feministas, adopten una postura coherente y comprometida con la nacionalidad dominicana. La defensa de los derechos humanos no puede ser selectiva. Las mujeres dominicanas asesinadas por nacionales haitianos también merecen justicia y una voz que las represente.
Si no actuamos ahora, el problema seguirá creciendo y el costo en vidas humanas, confianza ciudadana y estabilidad social será incalculable. Las autoridades deben dejar de lado el silencio y asumir su responsabilidad, porque la seguridad de la República Dominicana no puede esperar más. Por situaciones como estas en otros países, hemos visto como se levantan líderes que toman el control dictatorial atendiendo el llamado del clamor popular.
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