La denuncia del ex empleado de Migración y los reportes internacionales son un grito de alerta que no puede ser ignorado.
La República Dominicana enfrenta una crisis de proporciones alarmantes que compromete la seguridad nacional, la integridad institucional y las relaciones internacionales: una red de tráfico de migrantes que, según denuncias recientes, opera con la complicidad de funcionarios del Instituto de Aviación Civil (IDAC), el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) y la Dirección General de Migración (DGM). Estas acusaciones, respaldadas por testimonios de ex empleados y reportes internacionales, señalan a empresarios y autoridades de alto nivel como los artífices de una mafia que lucra con la desesperación de miles de personas, principalmente haitianos, en su búsqueda de llegar a Estados Unidos. Este artículo denuncia enérgicamente el silencio cómplice del presidente Luis Abinader y la inacción de las autoridades frente a un crimen que no solo mancha la reputación del país, sino que también ha deteriorado las relaciones diplomáticas con naciones vecinas. ¿Quedará esta denuncia, como tantas otras, en la impunidad?
Una Red Criminal en el Corazón del Sistema Migratorio
Un ex empleado de la Dirección General de Migración ha destapado una verdad perturbadora: funcionarios y empresarios, algunos ligados al IDAC y al AILA, estarían detrás de una red de tráfico de migrantes que opera con impunidad en el principal aeropuerto del país. Según el testimonio publicado en N Digital el 3 de agosto de 2025, esta mafia facilita el tránsito de migrantes, en su mayoría haitianos, hacia destinos como Estados Unidos, utilizando el AILA como un centro de operaciones. La denuncia señala que las autoridades migratorias y aeroportuarias no solo permiten estas actividades, sino que, en algunos casos, las promueven activamente a cambio de sobornos y beneficios económicos. Esta red aprovecha las lagunas en los controles migratorios y la falta de supervisión efectiva para mover a miles de personas, muchas de las cuales carecen de documentación válida.
El caso dominicano no es un hecho aislado. Un informe de El Día revela cómo el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua ha convertido el Aeropuerto Internacional de Managua en un punto de tránsito para migrantes haitianos que buscan llegar a Estados Unidos. Este esquema, que opera con la anuencia del gobierno nicaragüense, evidencia cómo los aeropuertos de la región se han transformado en nodos de una red transnacional de tráfico humano. La similitud con las acusaciones en el AILA sugiere que la República Dominicana podría estar desempeñando un papel similar, con la diferencia de que aquí las autoridades han optado por el silencio y la inacción.
La Complicidad del IDAC y el AILA
El IDAC, encargado de regular la aviación civil, y el AILA, como principal puerta de entrada y salida del país, son instituciones estratégicas que deberían garantizar la seguridad y el cumplimiento de las leyes migratorias. Sin embargo, las denuncias sugieren que funcionarios de ambas entidades están involucrados en actividades ilícitas. Los controles laxos en el aeropuerto permiten que migrantes indocumentados transiten sin ser detectados, mientras que el personal de Migración, en complicidad con empresarios, facilita la emisión de documentos falsos o la omisión de registros para encubrir el tráfico. Este esquema no solo pone en riesgo la seguridad nacional, sino que también expone a los migrantes a la explotación y la violencia, como lo demuestran los reportes de organizaciones internacionales sobre las condiciones inhumanas que enfrentan estas personas en su travesía.
La magnitud de esta operación es alarmante. Durante los años en que esta mafia ha operado, la República Dominicana ha enfrentado una escasez crónica de libretas de pasaportes para sus propios ciudadanos, un hecho que no puede ser considerado una mera casualidad. Mientras los dominicanos enfrentaban largas esperas y trámites engorrosos para obtener un pasaporte, se otorgaron visas dominicanas a más de un millón de haitianos, muchas de las cuales podrían haber sido utilizadas como parte de esta red de tráfico. Esta disparidad refleja una clara negligencia en la gestión migratoria y plantea interrogantes sobre las prioridades de las autoridades.
El Silencio Cómplice del Presidente Abinader
El presidente Luis Abinader, quien asumió el poder con promesas de transparencia y lucha contra la corrupción, ha guardado un silencio ensordecedor frente a estas denuncias. A pesar de la gravedad de las acusaciones, no ha habido pronunciamientos claros ni acciones concretas para desmantelar esta red criminal. Esta inacción no solo sugiere una falta de voluntad política, sino que también alimenta las sospechas de complicidad en los más altos niveles del gobierno. ¿Cómo es posible que una mafia de esta magnitud opere en instituciones clave como el IDAC y el AILA sin que las autoridades tomen medidas inmediatas? La respuesta parece apuntar a intereses económicos y políticos que superan el compromiso con la justicia.
La debilidad del presidente Abinader en la persecución de este crimen es aún más evidente cuando se compara con las medidas adoptadas por otros países de la región. Por ejemplo, Guatemala, en un esfuerzo por controlar la migración irregular, impuso en 2023 la exigencia de visas para los dominicanos que deseen viajar a su territorio, una medida que refleja la desconfianza en los controles migratorios de la República Dominicana. Esta decisión, reportada por Listín Diario, es una clara señal de cómo la inacción frente al tráfico de migrantes ha deteriorado las relaciones diplomáticas con países vecinos, que ven al país como un eslabón débil en la lucha contra este delito transnacional.
Impacto en las Relaciones Internacionales
La permisividad frente al tráfico de migrantes no solo afecta la seguridad interna, sino que también ha generado tensiones con otros países. La imposición de visas por parte de Guatemala es solo un ejemplo de cómo la falta de controles efectivos en el AILA y la complicidad de las autoridades dominicanas han erosionado la credibilidad del país en el escenario internacional. Otros gobiernos de la región, conscientes de que la República Dominicana se ha convertido en un punto de tránsito para migrantes indocumentados, podrían adoptar medidas similares, aislando al país y restringiendo la movilidad de sus ciudadanos.
Además, la relación con Estados Unidos, principal destino de los migrantes traficados, se ve comprometida. Las autoridades estadounidenses han intensificado sus operativos contra el tráfico de personas, y el hecho de que el AILA sea señalado como un punto de partida para estas rutas podría llevar a sanciones o restricciones adicionales. La falta de acción por parte del gobierno dominicano no solo pone en riesgo las relaciones bilaterales, sino que también expone al país a críticas de organismos internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que ha advertido sobre la vulnerabilidad de los migrantes a la explotación en rutas como esta.
Un Negocio Millonario a Costas de la Desesperación
El tráfico de migrantes es un negocio multimillonario que genera ingresos astronómicos para las redes criminales. Según un informe de la Oficina Contra las Drogas y el Delito de Naciones Unidas (UNODC), el tráfico de personas en rutas hacia América del Norte genera alrededor de 6,750 millones de dólares anuales. En el caso dominicano, los migrantes pagan miles de dólares por documentos falsos, pasajes y la garantía de evadir los controles migratorios, enriqueciendo a funcionarios corruptos y empresarios sin escrúpulos. Este lucrativo esquema explica por qué la mafia ha logrado operar durante años sin ser desmantelada.
La emisión masiva de visas a ciudadanos haitianos, en un contexto de escasez de pasaportes para los dominicanos, es un indicio claro de las prioridades distorsionadas de las autoridades. Mientras los ciudadanos comunes enfrentan trabas burocráticas, los traficantes de migrantes encuentran facilidades para mover a miles de personas. Esta situación no solo perpetúa la desigualdad, sino que también alimenta la percepción de que el gobierno de Abinader está más interesado en proteger los intereses de una élite corrupta que en garantizar la justicia y la seguridad para todos.
Un Llamado a la Acción y una Pregunta Inquietante
La denuncia del ex empleado de Migración y los reportes internacionales son un grito de alerta que no puede ser ignorado. La mafia que opera en el IDAC y el AILA no solo es un problema de corrupción, sino una amenaza a la soberanía nacional y a la dignidad de los migrantes que son explotados por estas redes. Es imperativo que el presidente Luis Abinader rompa su silencio y ordene una investigación exhaustiva e independiente para identificar y castigar a los responsables. La ciudadanía merece saber quiénes están detrás de esta red, cuánto han lucrado y por qué se ha permitido que opere durante tanto tiempo.
A los lectores, les pregunto: ¿quedará esta denuncia en la impunidad, como tantas otras en la historia reciente del país? ¿Permitiremos que la complicidad y la indiferencia sigan reinando en nuestras instituciones? La respuesta está en nuestras manos. Exijamos transparencia, justicia y un compromiso real con la erradicación del tráfico de migrantes. La República Dominicana no puede seguir siendo un eslabón débil en la lucha contra este crimen transnacional. Es hora de actuar, antes de que el silencio del poder nos condene a todos.
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