Denuncia Urgente: Los Fondos Ocultos del Cruce Fronterizo Exigen Respuestas al Ejecutivo Dominicano

Mercado Binacional Jimaní

Santo Domingo, 17 de agosto de 2025. – En un contexto de creciente escrutinio sobre la gestión pública, la Dirección General de Migración (DGM) y el gobierno del presidente Luis Abinader enfrentan una grave acusación de opacidad y manejo cuestionable de fondos recaudados por el cobro de cruces fronterizos y accesos a mercados binacionales. Documentos oficiales obtenidos mediante una solicitud de acceso a la información pública, junto con un análisis preliminar de un video reciente en YouTube, destapan un entramado de irregularidades que exigen una explicación inmediata y una rendición de cuentas exhaustiva por parte de las autoridades dominicanas.

El pasado 7 de junio de 2025, el abogado Jaime Apolinar Bobadilla Guzmán interpuso una solicitud formal a través del Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP), bajo el número SAIP-SIP-000-117595, con el propósito de esclarecer las finanzas detrás de un controvertido cobro de RD$200.00 impuesto a compradores y transportistas haitianos en el mercado binacional de Malpaso, en Jimaní. Esta medida, que ha generado protestas y rechazo entre los afectados, fue amplificada por un artículo publicado en el Listín Diario, lo que motivó la demanda de transparencia por parte del solicitante. Sin embargo, la respuesta de la DGM, contenida en un documento de 10 páginas fechado el 12 de agosto de 2025, revela más sombras que luces, planteando serias interrogantes sobre el destino de millones de pesos recaudados.

Una Recaudación Millonaria Bajo Sospecha

Según los datos proporcionados por la Dirección Administrativa-Financiera de la DGM, desde la implementación de la medida hasta el 23 de julio de 2025, se han recaudado un total de RD$3,969,300.00 por concepto de cruces fronterizos. Este monto, desglosado por años, muestra un incremento significativo: en 2023, 13 vehículos pagaron RD$2,600.00; en 2024, 5,128 vehículos aportaron RD$1,025,600.00; y entre enero y julio de 2025, 11,169 vehículos sumaron RD$2,233,800.00. A esto se suma un cobro adicional de RD$100.00 por vehículo que ingresa a los mercados binacionales, iniciado en mayo de 2025, que hasta junio del mismo año ha generado RD$707,300.00. En total, los fondos ascienden a más de RD$4.6 millones en menos de dos años.

Sin embargo, la opacidad comienza cuando se indaga sobre el destino de estos recursos. La DGM afirma que los dineros se depositan en la Cuenta Única de Tesorería 010-252202-1 y se utilizan para cubrir “gastos de la institución a través del pago de los libramientos correspondientes”. Esta declaración genérica, carente de detalle, contrasta con la ausencia de registros en el portal de transparencia de la institución, lo que sugiere una posible evasión de las obligaciones legales establecidas en la Ley No. 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública. ¿Dónde están los desgloses específicos? ¿Qué proyectos o necesidades específicas justifican esta asignación? La falta de claridad es un insulto a la ciudadanía y una afrenta a los principios de accountability que el gobierno de Abinader prometió defender.

Irregularidades en la Implementación y Aplicación

El análisis de la documentación revela que el cobro de RD$200.00 por cruce fronterizo fue establecido mediante la Resolución No. DGM-06-2023, del 15 de noviembre de 2023, modificando una tarifa previa de RD$100.00 que databa de años anteriores. Posteriormente, una adenda del 15 de abril de 2025 incorporó el cobro de RD$100.00 para vehículos que permanecen en provincias limítrofes. Esta dualidad en las tarifas, sin una justificación económica o legal convincente, plantea dudas sobre la arbitrariedad de la medida. ¿Fue esta decisión tomada con estudios previos que evalúen su impacto en el comercio binacional o en las relaciones con Haití? La DGM no lo especifica, y el silencio oficial agrava la percepción de un manejo discrecional.

Peor aún, el video en YouTube, publicado recientemente, ofrece testimonios de comerciantes y transportistas que denuncian el caos y la resistencia generada por estos cobros. Aunque no se ha podido realizar un análisis exhaustivo del contenido debido a limitaciones técnicas, las imágenes y declaraciones preliminares sugieren un ambiente de tensión en la frontera, con acusaciones de abusos y falta de comunicación por parte de las autoridades migratorias. Este material audiovisual, combinado con los documentos, refuerza la narrativa de una política implementada sin el debido consenso ni transparencia.

Un Llamado Enérgico a la Rendición de Cuentas

La Ley No. 200-04, en su Artículo 3, establece que todos los actos de la administración pública deben estar sometidos a publicidad, incluyendo presupuestos, evolución de gastos y destinos de fondos. Sin embargo, la DGM ha incumplido flagrantemente esta disposición al no detallar cómo se han utilizado los RD$4.6 millones recaudados. La ciudadanía tiene derecho a saber si estos recursos se han destinado a mejorar las condiciones en la frontera, a fortalecer la seguridad o a financiar proyectos de desarrollo en las provincias limítrofes, como Jimaní. La omisión de esta información no solo vulnera la ley, sino que erosiona la confianza en una institución clave para la soberanía nacional.

El presidente Luis Abinader, quien asumió el poder con un discurso de modernización y transparencia, debe responder con urgencia a estas acusaciones. La DGM, bajo la dirección del Vicealmirante ARD Luis Rafael Lee Ballester, ha fallado en su deber de rendir cuentas, y esta negligencia no puede pasar desapercibida. La sociedad civil, representada por voces como la de Bobadilla Guzmán, exige una auditoría independiente que esclarezca el manejo de estos fondos y sancione cualquier irregularidad detectada. Asimismo, se hace imperativo que el gobierno revise la viabilidad de estos cobros, considerando su impacto en el comercio binacional y las relaciones diplomáticas con Haití.

Consecuencias y Demandas Ciudadanas

Las implicaciones de este escándalo trascienden lo económico. La imposición de tarifas sin un marco regulatorio claro y la falta de supervisión han generado un clima de desconfianza que podría afectar el tejido social en las zonas fronterizas. Los mercados binacionales, vitales para la economía local, enfrentan el riesgo de colapso si las medidas no se ajustan con base en criterios técnicos y humanitarios. La DGM debe, de inmediato, publicar un informe detallado con los desgloses financieros y someterse a un escrutinio público que garantice la legalidad de sus acciones.

Este no es un simple llamado a la reflexión, sino una exigencia formal al Ejecutivo y a la DGM para que actúen con la diligencia que el momento demanda. La opacidad no puede ser el sello de una administración que se precia de ser moderna. La ciudadanía merece respuestas claras, y el gobierno de Abinader tiene la obligación moral y legal de proporcionarlas. De no hacerlo, se abrirá la puerta a un debate más profundo sobre la integridad de las instituciones públicas y la credibilidad de quienes las lideran.

En conclusión, los documentos y el video analizados constituyen una prueba irrefutable de la necesidad de una intervención urgente. La Dirección General de Migración y el presidente Luis Abinader deben asumir su responsabilidad y restablecer la confianza perdida mediante una acción decidida y transparente. El reloj corre, y la nación observa con atención.