SENASAGATE
Las piezas que conforman el Caso SENASA podrían encajar muy fácil en otras instituciones del gobierno de Luis Abinader.
El mayor escándalo de corrupción del gobierno de Luis Abinader
El caso SENASA no solo abrió una herida en la ya triste realidad de la Salud del pueblo dominicano, también dejó al descubierto lo vulnerable de un sistema de gobierno de fácil alcance para corruptos y corruptores.
La ingenuidad del dominicano aún le permite sorprenderse al enterarse de la osadía de los políticos y la avaricia de la clase empresarial, la establecida y la emergente.
¿Cómo es posible crear un entramado mafioso para sacar provecho a costa de la población más vulnerable?
Lo del SENASA se puede estar repitiendo en otras instituciones del gobierno
Todos los candidatos en campaña prometen la reducción del estado. Denuncian nóminas abultadas y una burocracia ineficaz. Una vez alcanzado el poder, el discurso cambia mágicamente.
Ante un gobierno que crece en instituciones de forma constante, se han creado direcciones que están supuestas a velar por el cumplimiento de las demás; tal es el caso de la Dirección de Compras y Contrataciones, Ética e Integridad Gubernamental, Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Superintendencia de Seguros, Superintendencia de Bancos; sin contar que cada una de las instituciones tienen su departamento interno de Auditoría. Es decir, que lo ocurrido en el SENASA pasó supuestamente inadvertido por todos los controles creados para evitar, precisamente, lo ocurrido.
¿Qué seguridad tiene el pueblo de que existan otros entramados de corrupción en otras entidades del gobierno?
El gobierno como botín político
En años anteriores, del siglo pasado, el mandatario se veía como mediador buscando un equilibrio entre las fuerzas que dominaban el escenario público y social de la República Dominicana. Un balance entre la clase empresarial y la clase política. Pero, ¿Qué hacer cuando el político es empresario?
Es por eso que el clientelismo es el modus operandi de la actual sociedad dominicana. Estas entidades, otrora antagonistas, unieron sus esfuerzos, puesto que perseguían el mismo fin; dinero y poder. Lograr meter las manos en el erario público y servirse a su antojo.
Por consiguiente, los casos de los años más recientes en el país utilizan un entramado societario y la colusión de “servidores público“, de todos los niveles, para introducirse al gobierno a través de la política, burlar controles y distraer fondos públicos para sus apetencias personales.
Poder Político y Poder Empresarial
Ya no podemos tan siquiera hacer una distinción de esos conceptos, mas bien llamarle Poder. Estos elementos ejercen la presión debido a los aportes de campaña para obtener licitaciones, sin pasar por Go; obtienen además, las mejores calificaciones en las instituciones veedoras y en los comités que integran pasan desapercibidos.
¿Será que el dinero sustraído escala a otras instancias?
Las piezas que conforman el Caso SENASA podrían encajar muy fácil en otras instituciones del gobierno de Luis Abinader. Puede estar pasando en la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental, en Salud Pública, en el Ministerio de Educación, el la Dirección General de Migración, Turismo, Industria y Comercio, Medio Ambiente, etc.
Pensar en todo eso aporta más indignación y a día de hoy nada de lo que ha hecho el gobierno ha podido mitigar la crisis de comunicación que provoca el SENASAGATE. Todo lo contrario, ahora la población está más pendiente de todo lo que sucede en todas las instituciones del Estado, denunciando lo más mínimo y siempre recordando los discursos de campaña que ofrecieron un cambio y que resultaron ser más corruptos.
A día de hoy, 20 de diciembre de 2025, el caso SeNaSa representa uno de los escándalos de corrupción más profundos en la historia reciente de la República Dominicana. Este proceso judicial, vinculado a la denominada Operación Cobra, investiga un presunto desfalco que supera los RD$15,900 millones mediante una estructura de facturación de servicios ficticios y sobornos que ha indignado a la opinión pública por su impacto directo en los servicios de salud esenciales.
La situación judicial actual se centra en las medidas de coerción dictadas por el juez Rigoberto Sena, quien el 19 de diciembre de 2025 impuso 18 meses de prisión preventiva contra el exdirector de SeNaSa, Santiago Hazim, y otros seis implicados en el fraude. Paralelamente, el presidente Luis Abinader instruyó a la institución para constituirse como actor civil, buscando recuperar los fondos sustraídos que, según denuncias recientes, han impedido la entrega de medicinas y terapias críticas a ciudadanos discapacitados.
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El pasado domingo 14 de diciembre de 2025, unos miles de dominicanos se presentaron en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Cuidad Nueva, en el Distrito Nacional de República Dominicana, para exigir justicia y que el juez no pretenda enviar a uno de los imputados a prisión domiciliaria.






