CASO SENASA: Cómplices y culpables ocultos.
Estas instituciones están destinadas a velar por el sano cumplimiento de los procesos para frenar la corrupción y todos fallaron.
¿Quién permitió que este desfalco pasara?
Nadie es responsable por el hecho de otro, pero hay instituciones en República Dominicana donde esto no aplica. Existen actores del sector público que son sujetos obligados por leyes que les atribuyen funciones y roles de supervisión.
La principal es el mismo Seguro Nacional de Salud, SeNaSa, con su departamento de auditoría, Compras y Contrataciones, oficiales de cumplimiento, entre otros.
Todos esos servidores públicos deben ser investigados y que la justicia identifique responsabilidades en este caso.
Superintendencia de Seguros
Han dejado fuera a la superintendencia de seguros. ¿Nadie fue a reclamar ante ellos las irregularidades del SENASA?
Compras y Contrataciones
¿Cómo es posible que tantos oferentes de servicios para el SENASA concursaron con irregularidades en las licitaciones?
Ética e Integridad Gubernamental
La DIGEIG, Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, brilló por su ausencia y en ocasiones ha justificado su inacción ante este caso de corrupción.
Superintendencia de Bancos
La pregunta del momento: ¿Cómo se movieron mas 15 mil millones de pesos en el sector financiero dominicano sin que la SIB se diera cuenta?
Ha salido a relucir que el hermano del superintendente de bancos es socio de una de las compañías utilizadas en este entramado de corrupción. ¿Y donde está el hermano?
El Robo del SENASA
El Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) en República Dominicana ha sufrido un colapso financiero en solo un año, pasando de un patrimonio positivo de RD$2,900 millones en 2023 a un déficit de RD$14,538 millones en 2024, según estados financieros preliminares. Esta situación representa una insolvencia técnica que duplica los pasivos sobre los activos, afectando gravemente a la principal aseguradora pública del país, que cubre a más de 7.6 millones de afiliados.
En 2024, SeNaSa registró ingresos por RD$75,407 millones, principalmente del Régimen Subsidiado y Contributivo, pero los gastos operativos alcanzaron RD$78,970 millones, generando una pérdida neta de RD$6,210 millones. El mayor costo provino de las reclamaciones por servicios de salud, que ascendieron a RD$56,918 millones, junto con reaseguros, comisiones y provisiones técnicas.
La principal causa atribuida es un desfalco superior a los RD$15,000 millones durante la gestión del exdirector Santiago Hazim, imputado principal en la Operación Cobra. Se acusa a una red de crimen organizado de doble contabilidad, falsificaciones, sobornos por más de RD$2,000 millones y ocultamiento de bienes, lo que ha dañado el derecho a la salud de la población.