El Lado Oscuro del "Cambio": Los Rostros de la Impunidad y la Narcopolítica (2020-2025)
Estos casos, independientemente de su desenlace, generan un clima de desconfianza y exigen una revisión constante de los procesos internos.
El Espejismo de la Ética
Bajo el eslogan de la transparencia y la “justicia independiente”, la gestión de Luis Abinader se presentó como la antítesis de la corrupción. Sin embargo, a cinco años del inicio de su mandato, la realidad ha perforado el discurso oficial. Hoy, el “Gobierno del Cambio” enfrenta una crisis de integridad sin precedentes, marcada por una alarmante infiltración del narcotráfico en sus filas legislativas y una serie de escándalos administrativos que demuestran que las viejas prácticas solo cambiaron de color partidario.
Varios políticos vinculados al Partido Revolucionario Moderno (PRM) y a la gestión del presidente Luis Abinader han sido procesados tanto en los Estados Unidos como en la República Dominicana por delitos relacionados con el narcotráfico y el lavado de activos.
A finales de 2025, los casos más destacados de figuras vinculadas al oficialismo con requerimientos judiciales son:
Requeridos por Estados Unidos
Fabio Augusto Jorge Puras: Asesor del Poder Ejecutivo hasta finales de 2025. Es investigado por la DEA y la Fiscalía del Distrito Sur de Florida por presunta participación en una conspiración para introducir más de 4,000 kilos de cocaína a territorio estadounidense.
Gaspar Antonio Polanco Virella: Al igual que Jorge Puras, es investigado por autoridades federales estadounidenses en relación con la misma red de tráfico de drogas.
Miguel Gutiérrez Díaz: Exdiputado del PRM por Santiago. Fue arrestado en Miami en 2021 y condenado en 2024 a 16 años de prisión por narcotráfico internacional y lavado de activos. En octubre de 2025, su condena fue reducida, lo que podría permitirle salir en libertad en 2030.
Yamil Abreu Navarro: Exdirigente del PRM y exdirector de la junta municipal de Las Lagunas, Azua. Fue extraditado a Estados Unidos en 2020 por vínculos con una red de narcotráfico.
Desafíos a la Integridad y la Lucha contra la Delincuencia Organizada
Uno de los mayores retos para cualquier gobierno es mantener la integridad de sus instituciones frente a la influencia del crimen organizado. Durante este período, se han presentado situaciones que ponen de manifiesto la complejidad de esta lucha, con señalamientos y procesos que involucran a figuras públicas y plantean interrogantes sobre los mecanismos de control y prevención.
Requeridos y Procesados por la Procuraduría de RD
Rosa Amalia Pilarte: Exdiputada del PRM por La Vega. En 2025, la Suprema Corte de Justicia ratificó su condena de 5 años de prisión por lavado de activos provenientes del narcotráfico. Fue arrestada en septiembre de 2025 para cumplir su pena en la cárcel de Rafey Mujeres. Se le decomisaron inmuebles valorados en más de 4,000 millones de pesos.
Micky López (Miguel Arturo López Florencio): Esposo de Rosa Amalia Pilarte y vinculado financieramente a campañas locales del PRM. Es señalado por la Procuraduría dominicana como el líder de una red de lavado de activos vinculada al narcotráfico.
Eitan Vázquez: Empleado público dominicano que, en mayo de 2025, fue objeto de una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos por cargos de distribución de cocaína y lavado de dinero, proceso que contó con la intervención del Ministerio Público local.
Cuestionamientos a la Gestión Pública y los Casos de Corrupción
A pesar del discurso de transparencia, se han registrado casos de irregularidades administrativas y señalamientos de corrupción dentro de la propia gestión gubernamental. La destitución de funcionarios y la apertura de expedientes judiciales evidencian que el camino hacia una administración pública completamente libre de corrupción es largo y lleno de obstáculos. Estos casos, independientemente de su desenlace, generan un clima de desconfianza y exigen una revisión constante de los procesos internos.
Exfuncionarios procesados judicialmente
Luis Maisichell Dicent (Caso 13): Exadministrador de la Lotería Nacional. Fue el primer funcionario de este gobierno procesado tras un fraude millonario en un sorteo realizado en mayo de 2021.
Santiago Hazim (Caso SeNaSa): Exdirector del Seguro Nacional de Salud. En diciembre de 2025, fue arrestado junto a otras siete personas acusado de coalición de funcionarios, prevaricación, sobornos, desfalco y lavado de activos.
Juan Maldonado Castro: Exdirector de la Comunidad Digna. Arrestado en 2021 en el marco de la Operación Falcón, acusado de participar en una red de narcotráfico y lavado de activos.
Miguel Gutiérrez Díaz: Exdiputado por Santiago del partido oficialista (PRM). Condenado en 2024 en Estados Unidos por narcotráfico internacional.
Funcionarios destituidos o bajo investigación por irregularidades
Desde el inicio de la gestión en 2020, más de 40 funcionarios han sido suspendidos, cancelados o han renunciado tras escándalos de “rumor público” o informes de auditoría. Entre los casos destacados se encuentran:
Kinsberly Taveras: Exministra de la Juventud; renunció tras cuestionamientos sobre su declaración jurada de bienes.
Luz del Alba Jiménez: Sucesora de Taveras en el Ministerio de la Juventud; destituida por alegadas irregularidades en procesos de compras.
Lisandro Macarrulla: Exministro de la Presidencia; solicitó licencia y posterior renuncia tras ser mencionado en expedientes vinculados a obras del Estado (específicamente el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario).
Hugo Beras: Exdirector del INTRANT; procesado en 2024 por irregularidades en la licitación del sistema de semaforización del Gran Santo Domingo (Caso Camaleón).
Leonardo Faña: Exdirector del Instituto Agrario Dominicano (IAD); suspendido tras una denuncia de agresión sexual, aunque posteriormente el caso fue desestimado judicialmente.
Reflexiones sobre el “Cambio” y la Rendición de Cuentas
La gestión que se presentó como el “Gobierno del Cambio” ha enfrentado situaciones que desafían su promesa de ética y transparencia. Los casos de corrupción y los vínculos con el crimen organizado, ya sean confirmados o en proceso de investigación, obligan a una reflexión profunda sobre la efectividad de las políticas anticorrupción y la verdadera independencia de la justicia. La ciudadanía espera respuestas y acciones contundentes que aseguren la rendición de cuentas y fortalezcan las instituciones democráticas.