El país exige respuestas inmediatas y contundentes, sin rodeos ni relaciones públicas. No podemos seguir tolerando el descaro de un entramado mafioso que, según revelan diversas denuncias, ha defraudado al Estado dominicano por montos que superan los RD$1,000 millones a través de la Dirección General de Aduanas.
La maniobra es tan burda como perversa: declarar mercancías en “tránsito” hacia Haití para evadir el pago de impuestos y aranceles, cuando en realidad estos productos se quedan y se venden de contrabando en el territorio nacional.
Lo más alarmante de este escándalo no es solo el millonario robo al erario, sino el silencio sepulcral del presidente Luis Abinader frente a una práctica que, al parecer, opera con total impunidad desde su primer gobierno. Como advertí hace exactamente dos años en mi canal de YouTube, nuestras aduanas estaban siendo utilizadas para estas maniobras fraudulentas, y hoy la realidad nos estalla en la cara mientras los verdaderos responsables siguen protegidos en la sombra.
La presión pública ya no se puede contener. Instituciones de la sociedad civil como ADOCCO han tenido que salir al frente para exigir una investigación penal exhaustiva sobre estas mercancías fantasma, mientras la DGA intenta apagar el fuego anunciando tímidamente que “refuerza los controles” sobre las patanas. Eso no es suficiente. Los pronunciamientos en los medios de comunicación y las advertencias de figuras del sector industrial dejan en evidencia que las cifras de exportación no cuadran. Es una obligación ineludible que los pasados y actuales directores de Aduanas de esta administración den la cara y expliquen cómo se orquestó esta gigantesca evasión bajo sus propias narices. Queremos que se revele con nombre y apellido quiénes son los empresarios que han estado evadiendo millones.
Resulta moralmente inaceptable y estratégicamente peligroso que, en medio del colapso total que atraviesa Haití, autoridades y empresarios dominicanos utilicen esa tragedia como mampara para el desfalco. La crisis haitiana empeora cada día, y el gobierno de la República Dominicana no debe permitir que se instrumentalice el caos de la vecina nación para lucrarse de manera ilícita, en un esquema que perjudica la economía de ambos países.
Presidente Abinader, el pueblo dominicano y las autoridades haitianas necesitan que se inicien estas investigaciones hoy mismo. Usted ha repetido hasta el cansancio que en su gobierno “no hay vacas sagradas”. Lo conminamos a que lo demuestre de una vez por todas: rompa el silencio, ordene las investigaciones de lugar y apodere formalmente al Ministerio Público y a la PEPCA. Caiga quien caiga, el país merece conocer la verdad y ver a estos delincuentes de cuello blanco sentados en el banquillo de los acusados. Ya no hay margen para la complicidad.